Tono de espera: el Gobierno apura, las telcos piden otras reglas y las inversiones millonarias siguen en el freezer

A pesar de las declaraciones amables y las sonrisas para la foto de los funcionarios y los ejecutivos del área de telecomunicaciones, lo que está quedando en claro en estos días es que el sector en el que se despositaban más expectativas de inversión viene mucho más lento que lo esperado


Todos quieren acelerar. Pero no parece ser tan fácil pasar de primera a quinta en un chasquido. Todos quieren ir más rápido y llegar primero -porque el que llega primero pega dos veces- pero hay condicionamientos más fuertes que las buenas intenciones. Este es el tire y afloje del sector de las telecomunicaciones, donde todos quieren pero "sujeto a".

Y en este marco parece que se darán los próximos pasos tanto en materia de inversiones como de regulaciones, o viceversa.
Desde el Gobierno buscan resolver de la manera más ágil los obstáculos que impidan que las empresas de telecomunicaciones puedan mejorar sus prestaciones. La meta es que las inversiones en marcha se aceleren, es decir, se ejecuten antes de los plazos estimados para que nuevos desembolsos lleguen más pronto de lo previsto.

Las empresas también están apuradas: aunque deben cumplir con un cronograma de despliegue de infraestructura contemplado en la licitación de 4G, también tienen la intención de concretar antes de tiempo esas aperturas. Porque son concientes de las demandas de los usuarios y de que es necesario mejorar el servicio.

Pero también porque todos los jugadores del sector quieren dar cuádruple play: telefonía fija y móvil, internet y video de manera conjunta. Y para posicionarse en ese segmento todos quieren ser los primeros en darlos.

Y aunque pareciera que la posibilidad está más facilitada para unos actores antes que para otros, las cosas no son tan lineales, ni tan sencillas. Para nadie.

A primera vista, no pareciera que hubieran mayores inconvenientes en que todos avancen con las inversiones que deben realizar para avanzar en ese negocio. Pero lo cierto es que hay tensión entre los actores privados y el Gobierno.

Las empresas de telefonía, porque consideran que los cambios introducidos en la regulación del mercado, favorecen a sus competidores, las cableras. Los operadores independientes porque consideran que no son tenidos en cuenta en el nuevo escenario que se pretende plantear.

De parte del Gobierno se busca que las compañías acorten sus tiempos de decisión y ejecución de inversiones y, para ello, dan muestras de apertura.

Prueba de ello es el viaje que, durante el fin de semana pasado, la plana mayor del Ministerio de Comunicaciones, con su jefe a la cabeza, Oscar Aguad, hizo hasta Barcelona al Congreso Mundial de Móviles para reunirse con empresas de telecomunicaciones referentes y animarlas a que redoblen sus esfuerzos en el país.

La exposición arrancó oficialmente el lunes pero ya durante el fin de semana comenzaron a concretarse encuentros entre diversos actores.

Aguad, junto con el secretario de TIC, Héctor Huici, y el presidente del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, mantienen reuniones bilaterales con funcionarios de Canadá, España y Brasil. También con el vicepresidente de AT&T y con el CEO de Ericsson para América latina, entre otros ejecutivos de otras compañías del sector.

Todo indica que de lo que esas conversaciones surjan se traigan inquietudes para concretar los planes de inversión con ejecución pendiente.

Las principales empresas de telecomunicaciones que operan en la Argentina ya comprometieron inversiones que superan los $35.000 millones este año, cifra que podrá replicarse con algunas variaciones hacia arriba en 2017 y que superó a lo ejecutado en 2015. Desde que se licitó la frecuencia de 4G las compañías decidieron abrir la billetera y apostar fuerte. O, al menos, de una manera más agresiva a lo que venían haciendo.

Y aunque hay interés de parte de los privados de apurar esos planes, tal como es el deseo del Gobierno, también hay reparos. Desde el lado de las telefónicas, desconfían de los movimientos que, a pocos días de haber asumido la nueva administración, se dieron con el DNU N° 267 que eliminó los artículos más conflictivos de la ley de medios 26.522. Y desde una de ellas argumentan que todo eso se decidió de esa manera para favorecer al Grupo Clarín.

Aunque a través de ese decreto también se habilitó a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de comunicación audiovisual se les impone que deberán pasar dos años para que puedan prestarlo.

"Si el Gobierno pretende que se aceleren inversiones pero hay que esperar dos años para ingresar en ese negocio, el accionista también esperará ese tiempo. Porque si, en este marco, además se espera que se avance con una ley nueva, el accionista no va a querer tomar el riesgo ahora cuando no sabe si, más adelante, le cambian las reglas del juego", explicó a iProfesional.com, una fuente del sector.

Ese mismo argumento podrían darle los ejecutivos de las empresas con las que Aguad, Huici y de Godoy se reúnan durante su paso por Barcelona. En tanto el sector se administre, mitad con un decreto, mitad con el remanente de las dos leyes que vienen rigiéndolo en los últimos años, las empresas invertirán pero sin largar demasiado la manga.

Es decir, las telefónicas deberán esperar dos años para dar cuádruple play, según lo expuesto en el DNU. Tiempo que, sin imposición normativa, también le demandará a Clarín ingresar en ese complejo negocio.

Por más que se descuente que se aprobará la compra de Nextel, y que, en algún momento se le autorice la numeración para dar telefonía fija (por internet), activar esa red le exigirá realizar inversiones millonarias, amén de que posicionar a una empresa que sólo tiene el 3% del mercado no parece ser sencillo en un esquema de competencia casi perfecta entre Claro, Movistar y Personal. Y el multimedios necesitará más dinero en caso de que quiera participar de alguna eventual licitación futura de espectro para poder dar servicios 3G y 4G.

Todo esto es el trasfondo. Sin olvidar que las compañías continúan quejándose de "los temas de siempre": los impedimentos y disparidad de criterios para instalar nuevas antenas en cualquier lugar del país, y las dificultades para importar equipamiento aspecto.

Respecto del primero, es intención del Ministerio alcanzar, a través de una nueva ley, un criterio que uniformice la habilitación e instalación para todo el territorio. Sobre el segundo, pese a que se eliminaron las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), siguen habiendo inconvenientes para dinamizar el ingreso de equipos.

Y no es todo. En el mientras tanto se espera que desde el Enacom se tomen otras decisiones claves. Desde el pedido de licencia de TV elevado por Perfil, hasta la autorización para el ingreso del fondo Fintech de David Martínez en Telecom, la compra de Nextel por parte de Clarín, entre otros temas.

En caso de que Martínez ingrese en Telecom se profundizará el análisis -y los cuestionamientos también- sobre el rol que tendrá al tratarse también del accionista minoritario de Cablevisión.

Para algunos referentes de la industria, que Fintech tenga participación en Cablevisión y en Telecom dará lugar a una nueva empresa, más grande, y la competencia quedará aun más minada.

Aunque para el ministro Aguad, "Clarín es un pequeño actor dentro del sistema" porque "los grandes actores son las telefónicas", lo cierto es que los cambios accionarios, que se dan por descontados, traerán nuevos ruidos en el mercado.

De fondo quedan otros temas, poco glamorosos a los ojos y oídos de los ciudadanos, pero sobre los que dependen que se brinden buenos servicios. Y es lo vinculado con el espectro radioeléctrico. El Estado tiene hoy una porción de bandas para servicios 3G y 4G sobre los que no ha tomado ninguna decisión hasta tanto se resuelva una medida cautelar interpuesta por el Grupo Vila-Manzano una vez que el gobierno anterior decidió quitarles esas frecuencias, que les habían sido adjudicadas.

Por eso, acelerar inversiones en materia de telecomunicaciones no parece ser un tema tan sencillo. No se trata de buena voluntad ni de apertura solamente. Sino de agudizar el ojo sobre lo que cada decisión traerá aparejada. Todos los jugadores del sector, inclusive los más pequeños, quieren dar cuádruple play.

El triple play en el mercado existe y es brindado por Telecentro, Supercanal y algunas cooperativas de telecomunicaciones establecidas en las provincias. Ellas también quieren ofrecer el combo cuádruple. Igual que los más grandes.

Todos los actores del mercado quieren tener el espectro del que aún no gozan o más del que poseen para poder llegar primero al combo de cuatro. Pero no se podrá avanzar hasta que la justicia se decida y/o deje de judicializarse el tema. Y el Gobierno defina cómo lo distribuirá.

Las buenas intenciones están. No hay dudas. Pero el ovillo da muchas vueltas y, encima, tiene muchos nudos. El año recién comienza, las reuniones aún no se concretaron, las decisiones más grandes aún no se definieron.

Y con este escenario resulta difícil imaginar cómo impulsar la aceleración inversora. Resolver problemas en materia de telecomunicaciones parece un tema mucho más complejo que habilitar un camino plagado de buenas intenciones.


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