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La pandemia y el confinamiento llevaron al gobierno a buscar medidas diversas para tratar de mitigar sus efectos sobre la economía general, así como la de las personas. Naturalmente, los servicios TIC no quedaron al margen.

Todo arrancó con el DNU 311/20, del 24/03, que establecía que las prestadoras de servicios TIC (entre otros servicios) no podían disponer de la suspensión o corte de servicios en caso de mora o falta de pago hasta tres facturas con vencimientos desde el 1/3/20. Pero particularmente para las TIC obligaba a mantener un servicio reducido, algo que no es aplicable por su naturaleza a otros servicios como agua, electricidad o gas. La obligación se mantendrá por 180 días.

Pocos días después, el Enacom, junto con la Secretaría de Innovación Pública, y en acuerdo con los prestadores del servicio, resolvieron congelar los precios de los servicios prepagos móviles, así como los de telefonía fija, retrotrayéndolos a los valores vigentes en diciembre último. Adicionalmente, los operadores acordaron ofrecer en forma gratuita otros beneficios, como el zero rating en datos móviles para la navegación en los portales de los ministerios de Educación y de Salud así como de distintas universidades, la entrega de tarjetas prepagas para establecimientos carcelarios (lo que lamentablemente produjo efectos colaterales no deseados) y la instalación o ampliación de distintas líneas de numeración corta para información y atención a la población en aspectos relacionados con la pandemia.

En los últimos tiempos, entre el regulador Enacom y las empresas prestarías de servicios TIC se venía negociando un congelamiento de tarifas. El regulador pidió 180 días y las empresas propusieron hacerlo por 90 días, argumentando que en una economía con una inflación anual superior al 50%, un congelamiento durante medio año sería devastador para su salud económico-financiera, más aún en un contexto donde, aseguran, la disminución de la recaudación es del orden del 30% (entre morosos y menores recargas de productos prepagos), con subas de los costos (en pesos y en dólares) tanto operativos como de las inversiones.

Este escenario de aportes a medidas para hacer más llevadera la difícil situación económica y social, con negociaciones de mayor o menor dureza, pero siempre con diálogo, se vio alterado esta semana con dos proyectos de ley provenientes del oficialismo. Uno propone el congelamiento de tarifas mientras que el otro la prohibición de cortes o suspensiones de servicio por morosidad o falta de pago.

Bajo el título de “Suspensión de aumentos y revisión de tarifas de servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, por vinculo radioeléctrico y satelital”, el proyecto busca producir el congelamiento total de tarifas de todos los servicios TIC, retrotrayéndolos a los valores del 1º de febrero. Asimismo, establece que la medida durará lo que esté vigente el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por el Decreto 297/2020 y prorrogado en diversas oportunidades, el 31/3, el 11/4 y el 26/4.

La historia reciente de congelamientos de tarifas no tuvo un final feliz. Establecidas luego de la debacle económica y social del 2002, las mismas se mantuvieron vigentes durante 13 años, a pesar de períodos como el del 2003 al 2007 en lo que el PBI creció anualmente a tasas entre el 8 y 9%. El resultado es conocido: precarización total de la infraestructura afectada a esas tarifas congeladas, tanto en materia de telecomunicaciones como de otros servicios. Por lo tanto, hablar de congelamientos de tarifas (en una sociedad donde lo temporario suele tener una duración mayor a la prometida inicialmente) trae preocupación.

El otro proyecto, bajo el nombre de “Abstención de cortes del suministro de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable” prohíbe a las empresas de servicios TIC la suspensión o corte de sus servicios ante morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 y durante la vigencia del Estado de Emergencia determinado por Decreto 260/2020. A diferencia de lo establecido en el DNU 311/20, no se trata de ofrecer un servicio reducido sino del originalmente pactado. Conviene recordar que este tiene vigencia por un año, si es que no hay prórrogas, hasta el 1 de marzo de 2021, mientras que el DNU 311/20 establece 180 días.

Con los valores de morosidad actual, del orden del 20% luego de que reabrieran las bocas de pago en efectivo como Rapipago o Pago Fácil, esta prohibición sería una invitación al no pago, con consecuencias no deseadas en la ecuación económica de las empresas que repercutirían, sin lugar a dudas, en sus inversiones y gastos corrientes.

Lo llamativo es que esto se da con un sector que ha demostrado haber estado a la altura durante la pandemia. A pesar de registrar en una semana aumentos de tráfico que normalmente hubieran correspondido a los que se dan durante un año, la infraestructura respondió sin sobresaltos, amén de algunos casos puntuales de determinados operadores. Esto puede observarse en el siguiente gráfico, en base a datos de Speedtest, que muestra apenas una leve caída en las velocidades de accesos de banda ancha fija y no registra impacto alguno en las redes móviles.

Por otra parte, así como las TIC demostraron su valor durante la cuarentena, respondiendo sin mayores sobresaltos, también serán fundamentales para la recuperación. Esta dependerá, entre otros factores, de que mantengamos la capacidad productiva. Y parte de ésta dependerá, a su vez, de contar con una infraestructura digital que tienda a ser mejor y no peor.

Conviene destacar, por otro lado, que este rol no lo jugarán únicamente las grandes empresas nacionales y multinacionales del sector, sino también hay cientos de PyME y cooperativas que ofrecen servicios TIC que igualmente quedarían comprometidas de avanzarse si este tipo de decisiones se tomaran unilateralmente. Porque medidas de este tipo llevarían indefectiblemente a una baja en la inversión para poder afrontar los gastos corrientes (que también se verían afectados). Y lo último que necesita el país para recuperarse son empresas de infraestructura disminuidas y sin recursos para inversión para, no ya mejorar sus capacidades, sino para mantenerlas.

Lo mejor para todos sería que cualquier decisión para mitigar los efectos de la pandemia sea alcanzada a través del diálogo, como vino sucediendo hasta ahora. Se evitará así que el paliativo atente contra la recuperación que deberá darse pasado lo peor de la pandemia. Esperemos que los legisladores tengan en cuenta que el corto plazo no debe comprometer el mediano y el largo.

@ecarrier

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