La historia sin fin

mcrisevermcrisever Yo, Robot - Nivel 6Publicaciones: 46,902Miembros, SuperUsuario

A poco más de un mes de cumplir un año el DNU 690 que convirtió a los servicios TIC en servicios públicos, la situación de tensión que generó entre regulador y regulados no da señales de decaer. Es que no sólo se verificaron los temores de los operadores en cuanto a que en esencia se trataba de un instrumento para el control de sus precios, sino que el gobierno persiste en un camino que lo llevó a la situación empantanada actual. Algo que se comprobó esta semana a través de la resolución 862/21 que estableció nuevos aumentos para los servicios.

Luego de actualizaciones que impactaron en los precios de enero, febrero y marzo, la resolución llega después de meses con altos índices de inflación que acumulan más del 16%. A diferencia de las veces anteriores, donde los aumentos fueron distintos en función de servicio, cantidad de abonados y/o velocidad de conexión, en esta ocasión el aumento fue del 5% en todos los casos y retroactivo al 1º de julio. Adicionalmente, fija precios (no ya aumentos) de los datos, llamadas y SMS en la modalidad prepaga.

A pesar de los sucesivos aumentos autorizados por el Enacom, éstos están lejos todavía de compensar la inflación en Argentina que se viene registrando desde agosto 2020 cuando se dictó el DNU 690. Una brecha que en el mejor de los casos es de 17 puntos y en el peor de 31 puntos. Lo suficientemente importante como para mantener vivo un conflicto entre regulador y regulados y que además tuvo el logro de unir como jamás se había visto en una industria compuesta por actores con diferentes tamaños, servicios, ambiciones y necesidades.

Es de destacar que el aumento del 5% autorizado es menor a los que se habían anunciado y luego descartado en junio (ver “El vodevil de los precios”), los cuales contemplaban un 3% en junio y un 5% en julio. Nunca sabremos las razones por las cuales esos aumentos previstos para junio se desvanecieron, de la misma forma en que lo hizo la gacetilla de su anuncio del sitio del Enacom. Que el aumento autorizado por la resolución 862 sea inferior a lo previsto un mes atrás indica no sólo que el gobierno no piensa modificar su política de precios resistida por toda la industria. También que su postura apunta más bien a profundizar un conflicto próximo a cumplir un año. En definitiva, y lamentablemente, el tema precios seguirá estando en el centro de la escena, eclipsando a otros que también son importantes, como la mayor y mejor conectividad geográfica y socioeconómica, los costos y trabas a los despliegues de antenas y fibra óptica, la llegada de 5G, etc.

Como en ocasiones anteriores, la resolución establece que las últimas actualizaciones sólo podrán ser aplicadas por los prestadores que hubieran respetado los ajustes anteriores. Por otra parte, el artículo 5 de la resolución establece que quienes no lo hubieran hecho, deberán reintegrar los aumentos que excedieran lo autorizado por el gobierno aplicando los intereses de las tasas por mora. Sin embargo, este artículo no tendrá efecto por el momento para aquellos prestadores amparados por medidas cautelares otorgadas por la justicia, lo que incluye a los principales operadores en términos de clientes.

Una luz de esperanza en lo que significaría una posibilidad cierta de destrabar el conflicto llega con el artículo 7. El mismo instruye a las áreas técnicas competentes a que elaboren una fórmula o mecanismo de actualización, estableciendo también una periodicidad para alcanzar un esquema de revisión de precios que otorgue mayor previsibilidad, tanto a la industria como a los usuarios. Se trata de un reclamo realizado desde que comenzó el conflicto y que recién ahora, un año después, se comienza a atender. Sin embargo, resta ahora saber cuánto se demorará en la elaboración y aprobación de la fórmula. Si se llega a un mecanismo razonable que satisfaga tanto las necesidades de los prestadores como los objetivos del gobierno, sería un gran paso para salir del pantano actual y comenzar a hablar no ya de una desgastante política de precios sino de una política integral de telecomunicaciones que el país necesita. Ojalá se dé pronto y se pueda dar vuelta esta conflictiva página.


Enrique Carrier



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