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Agenda 2020

mcrisevermcrisever Publicaciones: 15,290 total
editado diciembre 2019 en Off Topic

Cuando todavía no están definidos los nombres de quienes conducirán los destinos del sector telco desde el gobierno ni tampoco si seguirá vigente la rara combinación de Enacom y SeTIC, es un buen momento para plantear(se) cuáles deberían ser los temas prioritarios para la nueva gestión en un horizonte de cuatro años como mínimo.

Sin dudas que el manejo del espectro debería tener un rol central, particularmente en vistas de la llegada de 5G. Aunque todavía lejana en estas latitudes, 5G requiere de una mayor planificación que en las generaciones anteriores, más aun considerando que se trata de la tecnología que propiciará la convergencia de redes fijas y móviles. En esto la nueva gestión debería diferenciarse de su anterior paso por el gobierno, cuando la inactividad del regulador y sus demoras en asignar espectro (en ese entonces para 4G) llevó a un virtual colapso de las redes móviles.

La nueva gestión contará de entrada con el documento “Desafíos y Necesidades de Espectro Radioeléctrico en Argentina – Antecedentes, Análisis y Conclusiones Preliminares a partir de la Finalización del Proceso de Consulta Pública” en lo que fue el último gran aporte del equipo de la SeTIC del gobierno saliente. Las necesidades de espectro y las diferentes posibilidades ofrecidas por las distintas frecuencias exigen una planificación concienzuda.

Siempre en el tema espectro sería bueno que el nuevo gobierno ratifique el espíritu del DNU 58/2019 (que dispuso del espectro reservado a Arsat con carácter preferencial) ya sea impulsando su aprobación en el Congreso o presentando una nueva ley. La ratificación del DNU sería un camino más expeditivo y previsible, pero no hay que descartar la posibilidad de que la nueva gestión no quiera saber nada con avalar una medida impulsada por quienes ahora forman parte de la oposición. Lo que sí es necesario es que se ponga a disposición ese espectro para actores del sector privado de todo tamaño, permitiendo eventualmente el ingreso de nuevos operadores móviles y acabando definitivamente con el desperdicio que significa tener espectro valioso en total desuso.

En otro tema vinculado al espectro, sería positivo que se impulse la finalización de la red de la TDA (Televisión Digital Argentina) para así liberar el espectro en uso por la TV de aire analógica, el cual podría ser muy útil para dar conectividad. Hoy, la TV gratuita de broadcasting es un servicio con baja demanda y decreciendo, pero que ocupa dos bandas de espectro (la de la TV analógica y la de la TDA), lo que equivale a un uso muy ineficiente de un recurso tan valioso.

Ya más por el lado de los contenidos, las nuevas autoridades deberían velar más porque no haya abuso de posición dominante por parte tenedores de derechos televisivos de contenidos clave. De esta forma, se evitaría que las restricciones en el acceso a los mismos se transformen de hecho en un freno a que diversos operadores TIC puedan dar servicios de TV de manera competitiva.

En materia de conectividad sería positivo que se defina rápidamente cuál será el espíritu de la política satelital. Básicamente se trata de si se confirmará la política de cielos abiertos que permita la operación de nuevos satélites en el territorio argentino, llevando conectividad de mayor calidad que la actual al interior del Interior, o si volverán a cerrarse para incentivar el desarrollo de la industria local aunque eso implique demorar la llegada del acceso a diversos puntos de la extensa geografía argentina. Esta es claramente una decisión ideológica que impacta tanto en la política de conectividad e inclusión como en la política industrial y tecnológica. Obviamente que si se pudiera congeniar una mayor oferta de acceso satelital en todo el país con el desarrollo de la actividad científica e industrial local sería ingresar al mejor de los dos mundos. Pero las rápidas definiciones políticas son importantes porque la planificación, desarrollo y puesta en órbita y operación de un satélite llevan su tiempo (y dinero) y necesitan de un horizonte claro y estable para tener lugar.

Por último, sería bienvenido establecer una política clara y transparente para el uso de los recursos del Fondo del Servicio Universal. Se trata de una caja muy importante en volumen y con actualización mensual en base al aporte del 1% de la facturación de los distintos operadores de servicios de telecomunicaciones. Extraoficialmente se estima que el mismo dispone de $ 9 mil millones y que crece a un ritmo de $ 300 millones mensuales. En los últimos 4 años, el 71% de las transferencias desde el FSU fueron a parar a la ReFeFO (Red Federal de Fibra Óptica), en manos de Arsat, una empresa que lleva conectividad a zonas desatendidas pero que también compite en ciertas áreas con proveedores privados que a su vez la financian, vía SU. En el otro extremo, apenas el 2% fue a financiar ANR (Aportes No Reembolsables) para que operadores de pequeñas localidades desarrollen sus redes. Esto sin entrar en el financiamiento de planes de cuestionable prioridad, como la instalación de puntos de acceso WiFi gratuito en áreas de descanso de nueve rutas del país.

Como se puede apreciar, no hay urgencias por delante, pero sí temas importantes que merecen ser abordados desde el día 1, contando éste a partir de la designación de las autoridades del área, cosa que oficialmente no ocurrió al momento de escribir estas líneas. Es de esperar que no sea un indicio de que el sector no es relevante para la actual administración.

Fuente: Enrique Carrier

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